¿Qué ocurrió?
El Gobierno aprobó, mediante el decreto 787-26, el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana, de cumplimiento obligatorio para las instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada. Fue elaborado en un proceso participativo liderado por la OGTIC y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
¿Por qué es importante?
Los sistemas de IA de alto impacto deberán someterse a una evaluación de impacto ético y de derechos antes de entrar en producción, y la ciudadanía podrá saber cuándo un trámite o decisión fue respaldado por IA y pedir una revisión humana. El código prohíbe de forma absoluta usos como la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, la automatización de sentencias penales y las armas autónomas, y establece una protección reforzada para niños, niñas y adolescentes.
¿Qué debe observarse a partir de ahora?
- La adecuación de las instituciones públicas dentro del plazo de 180 días calendario: registrar los sistemas en funcionamiento, designar responsables e implementar medidas.
- La puesta en marcha del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, órgano consultivo y de coordinación.
- Las exigencias a los proveedores sobre trazabilidad, ciberseguridad y control soberano de los datos, y la prohibición de adquirir sistemas de «caja negra» que el Estado no pueda auditar.

