La empresa Cartesa respondió a la clausura de sus instalaciones en San Antonio de Guerra, ejecutada el 29 de octubre. Afirmó que tiene inversión mixta, Registro Mercantil, RNC y obligaciones tributarias al día. Sostuvo que el combustible ocupado era para su planta eléctrica y equipos, que tenía contrato de suministro desde octubre de 2025 y que los cuatro ciudadanos chinos detenidos tenían visados vigentes hasta 2027. También alegó que la intervención se realizó sin orden judicial ni presencia del Ministerio Público; esa es la versión de la compañía. Las autoridades, según la cobertura del operativo, señalaron falta de certificado de uso de suelo y autorizaciones para la actividad, además de un depósito de combustible que no cumplía la normativa. Reportaron la ocupación de un tanque de 5,000 litros y 1,000 galones de gasoil, valorados en RD$2.25 millones. El caso generó declaraciones cruzadas entre las embajadas de Estados Unidos y China: Washington respaldó el cierre y Pekín rechazó lo que consideró injerencia en asuntos internos dominicanos.
Contexto, precisión e impacto
Hay versiones contrapuestas sobre permisos, combustible y procedimiento. No deben presentarse las alegaciones de ninguna parte como una sentencia firme. Está pendiente conocer los expedientes, eventuales sanciones o impugnaciones y la documentación de ambas partes.
