¿Qué ocurrió?
El presidente Luis Abinader afirmó, durante LA Agenda Semanal del lunes 16 de noviembre, dedicada a la transparencia, que su Gobierno procurará impedir que los recursos del Estado se utilicen para financiar campañas electorales de cara a los comicios de 2028, en los niveles presidencial, congresual y municipal. Según Diario Libre, dijo que prestará especial atención durante lo que resta de su mandato y que «es tan simple como cumplir la ley».
El mandatario sostuvo que no habrá impunidad para los funcionarios involucrados en corrupción —«tengo amigos, pero no tengo socios», dijo— y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier exigencia de pagos indebidos dentro de las instituciones públicas. También recordó que los partidos tienen equipos de finanzas y deben presentar informes a la Junta Central Electoral, y reconoció que ningún gobierno puede garantizar la ausencia total de irregularidades, aunque aseguró que los casos conocidos serán investigados.
Una semana antes, en un Consejo de Ministros y Directores, Abinader había instruido a los funcionarios a evitar el uso de recursos públicos en actividades políticas. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que habría sanciones, aunque la información publicada no detalla cuáles ni cómo se fiscalizaría.
¿Por qué es importante?
El planteamiento llega mientras los partidos comienzan a prepararse para la selección de candidaturas de 2027. La Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, prohíbe usar recursos de instituciones estatales para actividades de interés electoral particular, y la Ley 20-23, de Régimen Electoral, impide aprovechar cargos, personal o equipos públicos para promover candidaturas.
Diario Libre cita datos de la OCDE según los cuales República Dominicana cumple el 90 % de los criterios normativos de financiamiento político, pero solo el 14 % de los de aplicación práctica, lo que apunta a deficiencias de fiscalización y de sanciones. Esa brecha entre la norma y su cumplimiento es el centro del anuncio.
¿Qué debe observarse a partir de ahora?
- Los proyectos de ley que explicó la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch: conflictos de intereses (en estudio en el Senado), protección de denunciantes, testigos e informantes, y la creación de una Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental que sustituiría a la actual, ya depositada en el Senado.
- La actualización de las leyes de acceso a la información (200-04) y de protección de datos personales (172-13), de las que no se precisaron los cambios concretos.
- Los controles que propone Abinader para la Ley del Seguro Nacional de Salud (Senasa), con mecanismos de auditoría, supervisión y autorización de contratos tras detectarse irregularidades en la aseguradora estatal.
- El respaldo legal a la Unidad Antifraude de la Contraloría General, creada en 2021, que un proyecto en el Congreso busca convertir en subdirección.
- Que se trata de proyectos en tramitación y estudio, no de leyes aprobadas: no hay un calendario conjunto de aprobación ni se conocen aún sus textos finales.

